Reflexiones sobre la normativa ambiental chilena

Un amigo argentino me hizo un par de preguntas que me obligaron a reflexionar sobre el panorama actual de nuestra normativa ambiental. Las comparto con ustedes (y me encantaría leer otras opiniones!).

¿Cómo definiría la legislación en materia de protección ambiental que existe en su país y por qué? 

La legislación chilena en materia ambiental se caracteriza por ser dispersa y fragmentada. Si bien la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente reune los conceptos básicos y principales instrumentos de protección ambiental, mantuvo explícitamente vigentes todas las normas ambientales existentes, contenidas en diversos cuerpos normativos. En materia institucional, se observa superposición de competencias entre diversos órganos y poca claridad en su delimitación. Tal es el caso, por ejemplo, entre el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Salud en materia de salud de la población, y entre el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura en materias de biodiversidad.

La legislación nacional, asimismo, puede catalogarse de conservadora o poco vanguardista, en el sentido de que, por regla general, se ha desarrollado a la postre o a la par de otros países latinoamericanos. Durante los primeros veinte años de legislación ambiental, el énfasis ha sido puesto en la evaluación de impacto ambiental y en la elaboración de normas ambientales, destinadas a enfrentar problemas de contaminación. Más reciente ha sido el desarrollo de normas sobre conservación de la biodiversidad o de instrumentos más modernos de gestión ambiental, como la evaluación ambiental estratégica.

¿Cuáles consideraría como logros recientes o avances en materia de legislación ambiental en su país? 

Un gran avance, sin duda, es el cambio institucional, introducido por la Ley 20.417 de 2010. La creación del Ministerio del Medio Ambiente ha colocado al tema ambiental a la par con otras materias, a cargo de otros ministerios. La nueva Superintendencia del Medio Ambiente, así como la regulación en materia de fiscalización y sanción, significan un fortalecimiento al cumplimiento ambiental. Los tribunales ambientales, en tanto, creados por la Ley 20.600 de 2011, por su carácter especializado y procedimiento más expedito, se espera que contribuyan a mejorar el acceso a la justicia ambiental.

En cuanto a instrumentos de gestión ambiental, también es destacable la incorporación de la evaluación ambiental estratégica a la legislación nacional. Su aplicación y consecuente utilidad o impacto desde el punto de vista ambiental aún está por verse; el reglamento que la implementa se encuentra en etapa final de dictación.

En el ámbito de las normas ambientales, las principales novedades dicen relación con contaminación del aire.  Mediante el Decreto Supremo 12 de 2011 se establece la norma primaria de calidad ambiental para material particulado fino respirable MP2,5, regulando así el parámetro de material particulado que mayormente afecta la salud de la población. Mediante el Decreto Supremo 13 de 2011, en tanto, se establece la norma de emisión para centrales termoeléctricas, que regula diversos contaminantes a ser medidos en dichas fuentes. Otra novedad normativa es la dictación de una norma de emisión de material particulado para los artefactos que combustionen o puedan combustionar leña y derivados de la madera (Decreto Supremo 39 de 2011). En los últimos tres años también se han actualizado diversas normas ambientales ya existentes, a saber, la norma de emisión de ruidos (Decreto Supremo 38 de 2011), y sendas normas de emisión aplicables a vehículos motorizados pesados, medianos y livianos (Decretos Supremos 4, 28 y 29 de 2012, respectivamente).

El año 2011 se publica la Ley 20.551, que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras. Si bien en principio su objetivo es asegurar la estabilidad física y química de los lugares que han sido objeto de extracción minera, las medidas que se realicen al efecto deben otorgar el debido resguardo del medio ambiente. En concreto, toda faena minera requiere, para su inicio, la aprobación de un plan de cierre, el que necesariamente deberá ceñirse a la calificación ambiental previa. Se aborda así una preocupación ambiental de suma relevancia, esto es, los pasivos ambientales provenientes de la industria extractiva minera.

El año 2012, en tanto, se publica la Ley 20.586, que regula la certificación de los artefactos para combustión de leña y otros productos dendroenergéticos, indispensable para complementar el Decreto Supremo 39 antes mencionado. A través de la modificación de las competencias de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, se crea el instrumento de certificación de las estufas a leña, que permite verificar cumplimiento de estándares de emisión. Esta herramienta es de suma importancia, toda vez que la combustión de leña es la principal causa de contaminación atmosférica por material particulado en el sur de Chile.

Complementando la regulación en materia de contaminación de las aguas, se aprueba el reglamento para el manejo de lodos provenientes de plantas de tratamiento de efluentes de la industria procesadora de frutas y hortalizas (Decreto Supremo 3 de 2012).

En materia de biodiversidad, se aprueba una nueva versión del reglamento para clasificación de especies según estado de conservación (Decreto Supremo 29 de 2011) y se continúa con los procesos concretos de clasificación de especies según estado de conservación (aprobación y oficialización de los procesos quinto, sexto y séptimo, mediante Decretos Supremos 33, 41 y 42 de 2011, respectivamente).

¿Cuáles considera que son las iniciativas más avanzadas que se hayan producido en su país en los últimos años en materia de protección ambiental? (En un sentido más amplio que el estrictamente legal ambiental, como la existencia de procesos reseñables de participación pública o campañas de sensibilización, por ejemplo). 

El año 2011 se realiza, de manera inédita, una consulta pública de un borrador de norma reglamentaria: el proyecto del nuevo reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Durante un período de dos meses, se recibieron alrededor de 3 mil observaciones, las que fueron analizadas y consideradas en la versión final del texto normativo (actualmente sometido a control de legalidad preventivo y obligatorio ante la Contraloría General de la República). Dicha iniciativa ha sido replicada para otros reglamentos, como el de Evaluación Ambiental Estratégica (en etapa final de tramitación).

Un hito relevante en materia de información ambiental fue el lanzamiento que efectuó el Ministerio del Medio Ambiente, a mediados del 2012, del “Informe del Estado del Medio Ambiente”. En él se retrata y da a conocer la calidad del medio ambiente en el país y se establecen indicadores ambientales para continuar con el seguimiento de las distintas áreas identificadas.

Finalmente, se destaca el liderazgo que ha asumido Chile en el impulso de una instrumento regional sobre el Principio 10. En una reunión celebrada en Santiago de Chile en noviembre de 2012, los diez países signatarios de la “Declaración sobre Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”, acordaron una hoja de ruta para la implementación de un instrumento regional sobre la materia.

¿Cuáles considera que son los principales desafíos y obstaculos que aún debe afrontar su país en materia de legislación ambiental? ¿Razones para ello?

Como dije antes, desde el punto de vista sustantivo la principal deuda en materia de legislación ambiental dice relación con la conservación de la biodiversidad. Ni siquiera existe en la actualidad una regulación sistemática sobre áreas protegidas, y mucho menos una normativa general para la conservación de la biodiversidad. Lo anterior responde, entre otras cosas, a la dificultad de aúnar los intereses de diferentes ministerios que, de una u otra manera, tienen competencias en materia de recursos naturales.

Otra área que no ha sido abordada es la gestión ambientalmente racional de residuos. Si bien existen algunos cuerpos normativos que se refieren parcialmente a aspectos del manejo de residuos, a la fecha el país no cuenta con una ley general de residuos. En su momento fue un triunfo lograr que virtualmente todos los lugares de disposición final de residuos cumplan con estándares mínimos de operación, pero ya no es sostenible que el énfasis siga puesto en la eliminación de los residuos. Hay que avanzar hacia  la parte alta de la jerarquía en la gestión de residuos (reutilización, reciclaje y otros tipos de valorización, como la valorización energética). En Chile, el 70% de los hogares no paga por el manejo de sus residuos domiciliarios (“derecho de aseo”), y es cada municipalidad –órgano competente de la recolección, transporte y disposición de tales residuos–, la que toma decisiones en la materia. En la práctica, lo más barato es la eliminación (disponiendo los residuos en un relleno sanitario) y, entonces, sólo las comunas más ricas del país han adoptado programas de recolección selectiva y reciclaje.

Desde el punto de vista de las herramientas de gestión ambiental disponibles, una tercera falencia es la ausencia de instrumentos económicos y de certificación o etiquetado, que pueden ser muy útiles para complementar la protección ambiental en diversas áreas.



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Esta entrada fue publicada el 5 de febrero de 2013 a las 7:48 pm. Puedes comentar, o hacer un trackback desde tu sitio.

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